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Persiguen quejas e inexperiencia a empresario que busca proveer de más de 2 mil vehículos al gobierno federal

El empresario Pedro Pidal Gutiérrez está en búsqueda de obtener una importante licitación de las fuerzas de seguridad, que implica la adquisición de dos mil 285 vehículos, divididos en tres partidas, con un costo inicial de mil millones de pesos, según confirmaron fuentes internas, a pesar de su limitada experiencia en este tipo de proyectos, y su historial que incluye quejas y problemas relacionados con sus servicios y productos.

El concurso en el que pretendería participar es la licitación pública internacional identificada con el número LA-07-110-007000999-T-564-2023 con la que serán adquiridos mil 279 camiones de 6.5 toneladas, 30 camiones estacas y 976 camionetas pickup doble cabina 4×4.

Además de empresas mexicanas, en este procedimiento de carácter internacional, podrán participar interesados en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Israel, Reino Unido, la Unión Europea y Japón.

De acuerdo con el calendario, los ofertantes deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas el 23 de agosto de 2023 y el 12 de septiembre se emitirá el fallo. Mientras que la fecha estimada del inicio del contrato está estipulada para el 27 de septiembre de 2023.

Pidal Gutiérrez es accionista de al menos 32 empresas, dedicadas principalmente a la venta de vehículos, señalan datos del Registro Público del Comercio. En las compañías en las que figura como accionista, también participan su hijo Pedro Pidal de Murga, Ana Isabel de Murga Zunzunegui, además de María del Mar Orrantia Coppel.

Siete de estas compañías han recibido en los últimos años al menos 40 quejas de clientes en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Se trata de Auto Comercial Santa Fe, Chevsantafe, Tres Ríos Motors Auto Comercial Polanco, CBGMC Santa Fe, Automobile Santa Fe y Automotriz Tula de Allende.

Aunque cuenta con contratos públicos estatales obtenidos a través de tres de sus sociedades, los mismos han sido objeto de críticas por presuntamente derivarse de procedimientos poco transparentes y donde el único participante serían sus compañías, esto, aunque se trataba de licitaciones públicas.

No obstante, el empresario se prepararía para presentar su propuesta en el proceso de licitación con la sociedad Auto Comercial Santa Fe. Constituida en 2016 en la Ciudad de México, esta compañía tiene en su haber un par de contratos públicos, también de carácter local. Entre ellos uno de julio de 2021 en el que le vendió a una Fiscalía estatal siete vehículos por 5.3 millones de pesos, en virtud de que ninguna otra empresa presentó propuesta, esto, pese a que se trató de una Licitación.