• Otro sector social que más padece la falta de medicamentos es la gente pobre, pues cientos de miles no tienen ni para comprar un paracetamol
El gobierno federal sigue impulsando la privatización de los Servicios Médicos Integrales (SMI) con la reasignación directa de contratos sin licitar a 10 empresas de su confianza que fueron inhabilitadas siete años por la Secretaría de la Función Pública en agosto de 2022 por no cumplir los requisitos de infraestructura, operatividad ni garantizar el abasto de medicinas en clínicas y hospitales del país.
Esa situación en el Sector Salud sigue cobrando víctimas de niños con cáncer y de mujeres con cáncer de mama. Han muerto a la fecha más de 3 mil niños con cáncer, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud; mientras que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva del gobierno federal asegura que el cáncer de mama es la mayor causa de mortalidad de la mujer con 521 mil 907 defunciones anuales.
La privatización de los SMI va en serio, pues el gobierno federal ya adjudicó contratos directos sin licitación a 10 empresas de su confianza que fueron inhabilitadas por la SFP por siete años en agosto de 2022, para que cumplan con el abasto de medicamentos, insumos, entre otros, y cubran el periodo del presente año 2023 al 2025. Para el 2023 ejercen un presupuesto de entre 35 mil y 38 mil millones de pesos.
Representantes de organizaciones civiles y de derechos humanos, así como médicos internistas del Sector Salud consultados al respecto, afirman que los pacientes en general continúan viviendo un verdadero viacrucis en clínicas y hospitales por falta de medicinas y entre los más afectados esta la gente pobre, pues aseguran que cientos de miles no tienen ni para comprar un paracetamol.
Explican que los SMI surgieron hace más de tres décadas con la participación de la iniciativa privada para la subrogación de servicios en el IMSS y el ISSSTE, quienes requieren de la contratación de equipos, accesorios, instrumental médico, insumos, capacitación de personal o consumibles, porque tienen la posibilidad de contratarlos mediante la modalidad de “servicios integrales”.
Esto significa, dicen, que en vez de comprar cada producto y/o servicio por separado o a múltiples proveedores, un solo proveedor (también llamado integrador) proporciona todo lo necesario para la prestación del servicio médico.
Afirman que en la subrogación de servicios, el Estado hace transferencia de recursos públicos a agentes privados. Es decir, el gobierno paga para que se entregue un servicio a los ciudadanos y un privado da la atención en cuestión y, con el fin de aumentar sus ganancias, impone limitaciones en calidad o alcances de ese derecho social.
Aseguran que, de esa forma, el proveedor del SMI pacta una tarifa fija por procedimiento, pero una amenaza latente es que, en el afán de reducir sus costos, pueden sustituir medicamentos o insumos por otros de menor calidad o que no cumplan con especificaciones técnicas requeridas por el Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS).
Advierten que esa rigurosidad se pierde al asignarle esta responsabilidad al integrador, debido a los estímulos perversos que tiene el esquema de SMI de minimizar sus costos por procedimiento, para así aumentar su rentabilidad.
Si la subrogación es cuestionable en cualquier ámbito, en cuanto supone usar el patrimonio de los mexicanos para brindar oportunidades de lucro a unos cuantos, recurrir a ella en materias como la salud pública o los servicios de cuidados personales, implica una amenaza contra los derechos humanos y una franca invitación al desastre en materia de salud, sostienen los consultados.
Refieren que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) multó en agosto del 2020 a 11 empresas y 14 personas físicas, con 620 millones de pesos, por coludirse en licitaciones de servicios integrales de estudios de laboratorio y banco de sangre a que convocaron el IMSS e ISSSTE y la Secretaría de la Función Pública las inhabilitó por siete años.
La sanción e inhabilitación fue por prácticas monopólicas, evasión de reglas de licitación y por vender sus productos a sobreprecio.
Corrupción con empresas inhabilitadas
El problema es que el gobierno federal volvió a adjudicar contratos directos sin licitación a 10 de esas 11 empresas inhabilitadas, sólo para favorecer a sus amigos empresarios y cubran el abasto de medicamentos, insumos, entre otros, para el periodo 2023 a 2025.
Esas empresas son las siguientes: Estudios de Laboratorio para Red de Laboratorios de Vigilancia e Investigación epidemiológica, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-1-2023; Hemodiálisis interna, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-3-2023; Tamiz metabólico neonatal ampliado, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-14-2023; Digitalización PostProcesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen, con número de licitación LA050GYR988- E23-2022.
Así como Cirugía Cardiovascular y Torácica, con número de licitación LA050GYR988- E17-2022; Estudios de Laboratorio clínico, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-7-2023; Banco de Sangre, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-8-2023; Anestesia, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-9-2023; Procedimiento de Mínima Invasión, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-17-2023; y Hemodinámica y Radiología Intervencionista, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-16-2023.
A pesar del impedimento oficial, éstas 10 empresas inhabilitadas ejercen un presupuesto en conjunto de entre 35 mil y 38 mil millones de pesos para el actual ejercicio fiscal 2023, con posibilidades de ser aumentado y con contrato sin licitar hasta el 2025, como parte de la opacidad, impunidad y corrupción que caracterizan al actual gobierno federal.
