Por Antonio Ortíz Vázquez, Presidente de Forjadores de México, A.C
Primero se eliminaron los preuspuestos gubernamentales a las Fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en pro de los menos favorecidos y poblaciónes vulnerables. Hoy también se acotan programas de apoyo social.
Esto puede generar un retroceso en las acciones logradas hasta ahora y limitar el mejoramiento de condiciones de vida de muchos grupos segregados del Desarrollo.
Esta es una crónica del desgaje de las ONG en México:
El último día del 2021, se publicó una reforma al Reglamento de la Secretaría de Bienestar para que las funciones del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) , se desarrollara ahora en la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la propia Secretaría.
El Indesol era un órgano desconcentrado de conformidad con el Acuerdo que lo creó en julio del 2005. El antecedente había sido el Instituto Nacional de Solidaridad cuya función original fue la de capacitar a la sociedad civil para propiciar su participación activa en beneficio de la comunidad.
Visto en el contexto de la globalización, hace décadas que empezaron a surgir las llamadas Organizaciones no Gubernamentales para coadyuvar con los Estados en aquellas funciones en las que se veían rebasados y también para ser contrapesos en algunas acciones públicas.
Así nacieron, por ejemplo, Greenpeace o WWF en materia ambiental o Amnistía Internacional en temas de derechos humanos. Las actividades de las ONG`S, desde el inicio, fueron más allá de las fronteras nacionales. Su presencia se hizo sentir en Foros paralelos en las grandes Cumbres como la de Río de Janeiro en 1992.
En el caso de México, las organizaciones de la sociedad civil que empezaron a constituirse, tuvieron que ver con temas locales como las desapariciones de los años 70 s. Por ejemplo, el Comité Eureka fundado por Rosario Ibarra de Piedra es emblemático.
Según la coyuntura, la sociedad civil organizada tomó distintas banderas, trazó objetivos y realizó acciones en difreentes temas de educación, protección Ambiental, inclusion y apoyo a grupos vulnerables como migrantes y población en situación de calle.
Sumar a la sociedad civil tenía que ver con las propias capacidades del Estado y su imposibilidad material de garantizar el ejercicio de todos los derechos que se fueron reconociendo en la segunda mitad del siglo XX y que conocemos como DESCA.
Estos derechos, requieren de acciones y políticas públicas que implican un hacer y un dar por parte del Estado. Desde el Gobierno, se buscó fortalecer la capacidad de incidencia pública de las organizaciones que llegaron a ser más de 46,000.
Ahora, hasta que las Leyes de Desarrollo Social y la Ley de Fomento de las Actividades de la Sociedad Civil no se modifiquen, hay funciones que de alguna manera tendrán que ser retomadas por la Secretaría de Bienestar, aunque no aparezcan ya en el Reglamento Interior.
Si en algún lugar son visibles las acciones de las organizaciones de la sociedad civil es a nivel local, municipal y comunitario.
Las tareas hasta hoy desarrolladas no pueden truncarse.
